Al principio creí que era simple estupidez; pero rectifico. Es prepotencia, vileza y mala leche. Es la imbecilidad de unos pocos visionarios analfabetos, aceptada con entusiasmo formal por los clientes y en silencio cómplice por los cobardes. Como se veía venir, aquel artículo 22 bis de la ley 56/2003, creado a partir del artículo 5 de la ley de Igualdad, ha conseguido el sueño perfecto de todo gobernante totalitario: reprimir hasta el uso de la lengua hablada y escrita cuando no se ajusta a su concepción del mundo, por muy limitada, inculta o cantamañanas que ésta sea. Rebajar por decreto, imponiendo el uso irracional de la fuerza del Estado, la libertad y dignidad del idioma español hasta el triste nivel de su propia estupidez. De su mezquino oportunismo político.
Ya no es anécdota suelta, como la que les contaba aquí el año pasado -«Chantaje en Vigo»-. Ya es violencia sistemática, de Estado, contra el uso correcto de la lengua española. Penúltimo caso: una empresa de Sevilla que, recurriendo con naturalidad al uso genérico del masculino -consagrado por el uso, el sentido común y la Gramática-, puso un anuncio para cubrir «una plaza de programador» en vez de «una plaza de programador o programadora», fue obligada por la Inspección de Trabajo a modificar el texto, bajo amenaza de una multa de 6.250 euros. El argumento diabólico es que, según la ley, «se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos». La pregunta es: ¿se considerarán, por parte de quién? Y también, ¿qué entendemos por «uno de los sexos»? Porque ahí está el truco infernal. Establecer si el uso del masculino genérico discrimina en un anuncio al sexo femenino, es algo que la ley no deja a los lingüistas, que saben de eso. Ni siquiera a los jueces y su presunta ecuánime sabiduría. Quien decide es cada inspector de Trabajo, según su particular criterio. Como le salga. Y aunque no dudo que entre los inspectores de ambos sexos -que a su vez tienen órdenes que vienen de arriba- haya dignos y cultos funcionarios capaces de distinguir entre incorrección gramatical, uso machista de la lengua, abuso de poder y simple gilipollez, nadie discutirá, supongo, que de ahí a convertirlos en policías e inquisidores de la lengua española, usada por 450 millones de personas en todo el mundo, dista un buen trecho.
Es aquí donde entramos en la parte diabólica del negocio. Son varios los empresarios que se han dirigido a la Real Academia Española denunciando situaciones parecidas, en demanda de argumentos o amparo. Y la RAE, que en tales cosas está obligada a mantener una exquisita prudencia oficial, responde siempre lo mismo: el uso genérico del masculino es correcto y aconsejable, la lengua pertenece a quienes la hablan, no se puede forzar por decreto, y no hay ley de Igualdad que pueda imponerse sobre la autoridad de la Gramática ni violentar el uso correcto del castellano. Incluso algunos académicos, a título particular, nos hemos ofrecido a dar dictámenes técnicos en favor de los empresarios acosados, e incluso a acudir a los tribunales en defensa de quien nos pida consejo para defenderse de la desmesura y el chantaje lingüístico de que es víctima. Pero claro. Ahí está la trampa ineludible. Eso habría que solventarlo ante un juez, y a ver qué empresario amenazado por una inspección de Trabajo se atreve a litigar contra quien puede convertir su vida y su empresa en un infierno. Sólo de imaginar un juicio, largo y de resultado incierto, les dan sudores fríos. Y más con la que está cayendo. De manera que el respaldo de autoridad que la Academia puede dar frente a tales abusos no sirve para nada, pues el empresario indefenso nunca llegará a exponer su caso ante un juez: se resigna, modifica lo que le piden, y traga. Qué remedio. Y así, inevitablemente, la Inspección de Trabajo y los analfabetos -incluidas analfabetas con nombre y apellidos- que redactaron el artículo 22 bis de la ley de Igualdad, se apuntan muescas en su infame navaja, mientras la imbecilidad que tanta risa nos daba hace tiempo en boca del lendakari Ibarretxe -aquel ridículo «vascos y vascas»- se convierte, al fin, en chantaje impune, sueño anhelado de feminazis talibanes y sus mariachis. En arrogante norma inquisitorial contraria a la lengua, la razón y la justicia.
Así que vamos listos, me temo. Imaginen qué ocurrirá cuando, por ejemplo, un empresario publique un anuncio pidiendo un cantante, y al inspector/a de Trabajo de su pueblo se le ocurra ley en mano, porque le da la gana y para chulo él, que el anuncio debe añadir «o cantanta»; y, si hay disponible una plaza de taxista, se especificará también «o taxisto», so pena de inspección laboral y multa. Por la cara. A veces me pregunto si de verdad nos damos cuenta de lo que nos están haciendo. De lo que, borregos resignados y sumisos, permitimos que nos hagan.
27 de febrero de 2011
